El pasado 27 de octubre se aprobó el Anteproyecto de Ley para los Presupuestos Generales del Estado 2021que ha sido presentado en el Congreso de los Diputados para iniciar su tramitación parlamentaria.

Estos presupuestos incluyen una serie de modificaciones a nivel fiscal que afectarían a las oficinas de farmacia y a los farmacéuticos.

Tal y como explica Alejandro Briales, director general y responsable del departamento Fiscal de Asefarma, “hay que tener en cuenta los nuevos Presupuestos generales del Estado. Y debemos fijarnos sobre todo en torno a dos impuestos: el de Patrimonio y el IRPF”.

Por concretar, según explica Briales, en el IRPF “se incluye un incremento de 2 puntos porcentuales para las bases liquidables que sean superiores a 300.000€. Con lo cual -apunta- si las CC.AA. no modificasen sus tarifas, se llegaría a unos marginales máximos de entre 45,5 y 51,5%”. ¿Esto qué significa? “Sencillamente que es en esta escala en la que tributan los beneficios de la farmacia. Sin embargo, por regla general estos beneficios no se verán afectados dado el importe tan elevado del nuevo tramo”.

Asimismo, “se incluye un incremento de 3 puntos porcentuales en la tarifa del ahorro para ganancias superiores a 200.000€, pasando el marginal de 23 a 26%”. Como apunta Alejandro Briales, “esta subida no ha sido tan elevada como se esperaba, pues se creía que el marginal experimentaría una subida del 27%”. Es importante tener en cuenta esta escala porque es donde tributaría la venta de su oficina de farmacia en caso de producirse.

Por último, “se rebajará la aportación máxima a planes de pensiones individuales de 8.000 a 2.000€, subiendo el límite conjunto de aportaciones individuales y de planes de empleo de 8.000 a 10.000€”.

Dentro de los PGE y la farmacia ¿Qué ocurre con el Impuesto sobre Patrimonio?

 Alejandro Briales explica que tal y como se contempla en los Presupuestos Generales del Estado, “se subirá el marginal máximo de la tarifa estatal del 2,5 al 3,5%”. “Si bien -apunta- esto sólo tendrá el efecto que quieran que tenga las CCAA porque la capacidad normativa de las mismas alcanza a la propia tarifa, así como a deducciones y bonificaciones”.